Sin una justicia independiente, corre riesgo la democracia

 
Aunque pueda parecer exagerado, el titular de esta entrada es fiel y digna afirmación de la más preocupante realidad. Para que una verdadera democracia pueda ser considerada como tal, debe respetar uno de los principios básicos de los Derechos Humanos, “todos somos iguales ante la ley”. Para ello, el poder judicial debe ser un órgano plenamente independiente y autónomo, separado de los otros poderes (legislativo y ejecutivo). 
 
Los jueces deben elegir libremente a sus órganos de gobierno, los responsables de esto nunca pueden ser los partidos políticos. Conseguir una autentica igualdad jurídica para todos los españoles es una de las asignaturas pendientes más prioritarias en España. Como manifiesta UPyD en una de sus 12 propuestas para sacar a España de la crisis económica y política, “las leyes deben ser pocas, claras e igual de obligatorias para todos”. 
 
La despolitización de la Justicia aportaría a los ciudadanos una mayor confianza en el sistema ya que serviría para evitar que los que se encuentran en el poder, puedan saltarse las normas en su propio beneficio. 
 
Y aunque no tengo ninguna duda de que antes de leer esta entrada, ya estabas plenamente convencido de la obligatoriedad de una justicia independiente, ¿qué opinas ahora? Cualquier persona con dos dedos de frente apoyaría sin titubear ni un instante esta afirmación. 

 

 
Excepto los dirigentes de PP, PSOE, CiU, iU y PNV. Ellos han decidido burlarse de la democracia en la cara de todos los ciudadanos, vulgarmente podría decir que se han repartido la “tarta de la justicia”. El Partido Popular se ha reservado la mitad de los 20 vocales del CGPJ, que junto al presidente le otorgaría mayoría absoluta. Los 10 restantes se repartirán entre PSOE (7), CiU, PNV y IU. 
 
Si has revisado los partidos políticos dispuestos en esta lista, imagino que habrás echado en falta a uno, ¿qué ocurre con UPyD? UPyD siempre ha rechazado su parte de la tarta porque entiende que no debe haber tarta, que la Justicia no es propiedad de los partidos políticos ni de sus intereses, sino un derecho fundamental de todos los ciudadanos. 
 
Como bien plantea Rosa Díez, portavoz de Unión Progreso y Democracia, “¿Cómo vamos a acabar con la corrupción si los propios partidos nombran a los jueces que pueden acabar juzgándoles?“. Esta es la broma de democracia que tenemos en España, está en tu mano cambiarla.

 

 
 
 
 
 

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