La paradoja del derecho a decidir

 
Como bien sabrás, España se encuentra en un momento susceptible y complicado, un momento donde la ambición secesionista está amenazando a la integridad española como estado y como sociedad. La voluntad independista de una considerable parte de la población catalana es un asunto de importancia capital para todo el país, que ve como una parte de su territorio podría llegar a separarse de la unidad, con todas las consecuencias que esto podría conllevar, positivas para unos pocos, pero muy negativas para la mayoría.
 
Esta entrada es motivada por un acto del todo reprobable. El pasado jueves fue asaltada y ocupada, tras agredir al empleado que allí se encontraba, la sede de UPyD en Barcelona por más de 20 jóvenes del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, que bajo la protección del independentismo se valieron de la violencia para defender sus reivindicaciones, denunciando así el proceso penal abierto contra cinco jóvenes que boicotearon un acto de la líder del partido, Rosa Díez, en la Universitat Autònoma de Barcelona en 2010. Tras colgar una pancarta manifestando que “defender el catalán no es ningún delito” y leer un comunicado pidiendo la absolución de sus compañeros, condenados según ellos por defender la lengua, fueron desalojados por los Mossos.
 
Es destacable que tras incurrir en un delito grave, estipulado así en el código penal, ninguno de estos jóvenes resultara detenido. También es significativo que la prensa, tanto catalana como nacional, haya obviado en su mayoría tan vergonzoso suceso, y los pocos que se han hecho eco han utilizado un oportuno aire amparador y paliativo.
 
Los Mossos en la sede de UPyD de Barcelona (Foto de ABC)
Sectores separatistas radicales de esta corriente claman que los catalanes permanecen sometidos a la voluntad del Estado español, obligados a ser integrantes de un país del que no se sienten parte, impedidos de ejercer su derecho a la autodeterminación, censuradas sus reclamaciones y acalladas sus voces de protesta. Mientras que, sin ningún repudio, atentan contra la libertad de expresión de otros individuos o colectivos, esa libertad de expresión que tanto demandan y exaltan se ha visto intimidada por los mismos que la dicen sufrir. UPyD, un partido víctima de la injustificación secesionista, ha cometido el único delito de defender y enarbolar la integra unidad del estado español incluso por encima de los intereses electorales, y por ello ha sido víctima de la indignante falta de contemporización de los radicales, primero boicoteando en 2010 un acto protagonizado por Rosa Díez, líder del partido, y segundo con el bochornoso acontecimiento aquí narrado.
 
¿Así es como pretenden que consideremos legitima su postura? ¿o es que acaso el derecho a decidir sólo es válido para los que deciden separarse? El miedo no es el camino para ganar esta batalla, señores independentistas radicales.
 
La posición a favor de la independencia de muchos ciudadanos catalanes, es igual de respetable que la postura anti-independencia de otros tantos ciudadanos catalanes, además de la de la mayoría de ciudadanos españoles. Con la autodeterminación se abre un debate de grandes proporciones, quizás proporciones que escapen a la razón de los que no poseemos ese sentimiento nacionalista tan arraigado y consustancial, que provoca un conflicto conceptual y legal. El término “derecho de autodeterminación” está recogido en documentos internacionales de gran peso, como la carta de las Naciones Unidas, pero no se registra en ningún ordenamiento jurídico, ni nacional, ni internacional. Por otra parte en el Artículo 2 de nuestra Constitución se habla de la “indisoluble unidad» de la nación española”, por lo que para establecerlo sería necesario realizar una reforma de la Constitución Española, responsabilidad y competencia entonces decidir sobre la segregación del territorio catalán de todo el pueblo español. Hasta que esto suceda, el supuesto derecho es inconstitucional.
 
Quisiera aclarar que aunque mi postura personal al respecto es inflexible y opuesta a la independencia de Cataluña, respeto e incluso entiendo cualquier opinión contraria, siempre y cuando las formas utilizadas para expresarla sean democráticas, cívicas y fundadas en argumentos sólidos y razonados.
 
Me encantaría poder entrar más intensamente en esta cuestión, pero quería centrarme sobre todo en el acto vandálico ocasionado por estos criminales y no en el trasfondo ideológico de la independencia, el cual dejo para otra ocasión.
 
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